El operativo federal en Nuevo León derivó en el decomiso de combustible y equipo industrial de gran escala, en uno de los aseguramientos más relevantes contra el mercado ilícito de hidrocarburos en el norte del país.
La FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ejecutó un cateo en un inmueble de Cadereyta, Nuevo León, identificado como centro de almacenamiento clandestino de hidrocarburos. El operativo fue conducido por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, con apoyo de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal.
En el sitio se aseguraron aproximadamente 671 mil litros de hidrocarburo y otros 400 mil litros de líquidos color negro y amarillo, cuya composición será determinada mediante análisis periciales. Además, se decomisó infraestructura logística de gran escala: tractocamiones, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, tanques tipo frac tank, motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque. 
El inmueble y todo lo asegurado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades. A pesar de la magnitud del decomiso, no se registraron personas detenidas durante la intervención.
Este operativo se inscribe en la estrategia nacional contra el robo de combustibles, delito que afecta directamente las finanzas públicas y representa un riesgo para comunidades cercanas a zonas de almacenamiento ilegal. Analistas señalan que el decomiso en Cadereyta es uno de los más relevantes en la región norte en los últimos años, tanto por el volumen incautado como por la infraestructura desmantelada.
El impacto económico del huachicol en México es considerable: de acuerdo con estimaciones oficiales, las pérdidas anuales por robo de hidrocarburos superan los 30 mil millones de pesos, afectando directamente a Pemex y a la recaudación fiscal. En estados como Nuevo León, donde la industria energética es estratégica, este tipo de decomisos buscan frenar un mercado paralelo que distorsiona precios y genera riesgos ambientales y de seguridad.
Además del daño económico, el almacenamiento clandestino de combustibles representa un peligro latente para las comunidades. Los silos y tanques improvisados carecen de medidas de seguridad, lo que incrementa el riesgo de explosiones, incendios y contaminación de suelos y mantos acuíferos. “No se trata solo de un delito financiero, sino de un problema de seguridad pública y de salud ambiental”, señalaron especialistas consultados.
