Empresarios de Nuevo León cuestionan el incremento de revisiones, determinaciones fiscales y procedimientos administrativos que, aseguran, han elevado la presión sobre el sector privado.
De acuerdo con testimonios recabados, en algunos casos las autoridades establecen inicialmente créditos por montos considerados desproporcionados y posteriormente ofrecen reducirlos si el contribuyente acepta pagar y cerrar el procedimiento. Quienes rechazan estas alternativas enfrentan la posibilidad de iniciar litigios que pueden prolongarse durante años.
Las quejas alcanzan a distintos sectores y dependencias estatales, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León y la Secretaría de Medio Ambiente. Empresarios consultados advierten que el tema ya comienza a impactar la percepción sobre la relación entre Gobierno y empresas. 
La preocupación cobra relevancia en un estado que busca mantener su liderazgo como destino de inversión. Mientras el Gobierno de Samuel García asegura que la entidad ha captado 135 mil 300 millones de dólares de inversión extranjera durante su administración, la Secretaría de Economía federal reportó 16 mil 424.2 millones de dólares para Nuevo León al primer trimestre de 2026.
La diferencia responde, entre otros factores, a metodologías distintas para contabilizar inversiones anunciadas, operaciones corporativas y proyectos aún no concretados.
Para el sector privado, el reto no es la fiscalización en sí misma, sino que ésta se perciba como un mecanismo de presión. En una economía altamente dependiente de la inversión empresarial, advierten, el deterioro de la confianza puede tener un costo mayor que el de los propios créditos fiscales.
El debate de fondo es si la estrategia recaudatoria estatal fortalece las finanzas públicas o termina afectando el clima de negocios de Nuevo León.
