Coparmex Nuevo León llamó al Congreso del Estado a fortalecer sus mecanismos institucionales para garantizar que las iniciativas presentadas sean analizadas, dictaminadas y resueltas, independientemente de los cambios de Legislatura, presidencias de comisiones o mayorías políticas.
El organismo empresarial señaló que actualmente existen tres iniciativas en las que ha participado y que permanecen sin dictamen, relacionadas con el perfil de las personas juzgadoras, la Ley de Procedimiento Administrativo y la legislación del Poder Judicial.
La primera fue presentada el 14 de marzo de 2025 y está relacionada con el perfil de las personas juzgadoras; la segunda, presentada el 2 de julio de 2025, plantea modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo; mientras que la tercera fue presentada el 18 de marzo de 2026 y está vinculada con la legislación del Poder Judicial.
El presidente de Coparmex Nuevo León, Roberto Cantú Alanís, señaló que estos casos evidencian la necesidad de establecer procesos que den continuidad a las propuestas ciudadanas y empresariales que llegan al Poder Legislativo.
“Como sociedad organizada hacemos nuestra parte: estudiamos los problemas, construimos propuestas, buscamos consensos y presentamos iniciativas por los canales institucionales. Lo que esperamos es que esas iniciativas sean analizadas y reciban una respuesta del Congreso”, afirmó.
Dictaminar no significa aprobar
Coparmex Nuevo León aclaró que solicitar el dictamen de una iniciativa no implica exigir su aprobación, pues corresponde al Congreso analizar cada propuesta y determinar si debe aprobarse, modificarse o rechazarse.
“Dictaminar no significa aprobar. Significa estudiar, argumentar y decidir”, sostuvo Cantú Alanís.
El organismo consideró que la falta de resolución genera incertidumbre para quienes participan en la construcción de propuestas legislativas y planteó que el seguimiento de las iniciativas debe trascender a las personas que ocupan determinados cargos o a los cambios en la composición política del Congreso.
En ese sentido, propuso contar con mecanismos que permitan conocer públicamente la situación de cada iniciativa, la comisión responsable, su etapa procesal y su estado actualizado hasta llegar a una resolución.
Pide seguimiento a la Ley de Coordinación Metropolitana
El llamado de Coparmex Nuevo León también alcanza a la iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana, presentada el pasado 31 de agosto ante el Congreso estatal con la participación de diversas organizaciones.
Aunque reconoció que se trata de una propuesta recién presentada y que ahora corresponde iniciar su análisis legislativo, el organismo empresarial expresó su expectativa de que tenga seguimiento y avance oportunamente hacia una resolución.
“Esperamos que esta iniciativa tenga el seguimiento que corresponde y que no termine, con el paso del tiempo, en la misma situación que otras propuestas que continúan sin ser dictaminadas”, señaló Cantú Alanís.
Cuestiona caducidad de iniciativas
Coparmex Nuevo León también planteó revisar la figura de caducidad prevista en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, mediante la cual pueden darse de baja iniciativas de ley o decreto que no hayan sido dictaminadas dentro del plazo establecido.
Para el organismo empresarial, el paso del tiempo sin actuación de una comisión no debería provocar que una iniciativa desaparezca del proceso legislativo sin haber recibido una resolución de fondo.
Ante ello, propuso fortalecer la trazabilidad de las iniciativas, mejorar el análisis técnico y los procesos de dictaminación, así como evitar que las propuestas sean dadas de baja exclusivamente por falta de actuación legislativa.
El organismo consideró que ciudadanos, universidades, especialistas, organizaciones civiles y empresarios destinan recursos y conocimiento a la elaboración de propuestas para mejorar las instituciones, por lo que el Congreso debe contar con mecanismos capaces de procesarlas.
Coparmex Nuevo León concluyó que una democracia sólida no implica que todas las iniciativas deban aprobarse, sino que sean escuchadas, analizadas y respondidas, con decisiones claras que permitan fortalecer la confianza en las instituciones.