Apenas 3% de los municipios son gobernados por mujeres, reflejando un rezago histórico en representación femenina.
La paridad de género en la política mexicana ha sido uno de los grandes retos de las últimas décadas. Sin embargo, en Nuevo León la situación es particularmente crítica: el estado se ubica en el último lugar nacional en cuanto a representación femenina en gobiernos municipales. De los 51 municipios que conforman la entidad, únicamente un pequeño porcentaje —equivalente al 3%— está encabezado por mujeres. Este dato no solo refleja un rezago histórico, sino también una falta de políticas efectivas para garantizar la participación equitativa en los espacios de poder.
La ausencia de mujeres en cargos de decisión impacta directamente en la agenda pública, pues temas como igualdad salarial, seguridad con perspectiva de género y desarrollo social suelen quedar relegados. Organizaciones civiles han señalado que la falta de paridad no es un problema de capacidad, sino de estructuras políticas que continúan privilegiando a los hombres en las candidaturas.
El Congreso local ha impulsado reformas para garantizar la paridad en las listas electorales, pero la realidad muestra que aún existe resistencia en los partidos políticos. Expertas en política señalan que la representación femenina no es solo un tema de justicia, sino de eficacia: sociedades más equitativas tienden a generar políticas públicas más inclusivas y sostenibles.
La discusión sobre la paridad en Nuevo León se ha intensificado en los últimos meses, especialmente tras los procesos electorales recientes, donde se evidenció que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a posiciones de liderazgo. El reto para el estado es doble: no solo cumplir con la legislación nacional en materia de igualdad, sino transformar la cultura política para abrir espacios reales de participación.
En este contexto, Nuevo León enfrenta una oportunidad histórica: pasar de ser el “sótano” de la paridad a convertirse en un referente de inclusión. Para lograrlo, será necesario un compromiso conjunto entre partidos, sociedad civil y ciudadanía, que impulse la participación femenina como un eje central del desarrollo democrático.
